La nota de esta mañana es que Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordaron un incremento salarial para los 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados de 4.9% directo al salario (inicialmente pedían 17.2%), así como 2.5% de ayuda a transporte y 1.5% a despensa, con lo que quedó desvanecida la posibilidad del estallamiento a huelga que estaba programada para las 12:00 horas de este día. (Por lo menos los frijoles que tenemos en el refri no se echarán a perder).
Aunque su egregio líder, Martín Esparza, declaró que se trató de "una buena negociación", lo cierto es que los electricistas habían calculado que de irse a la huelga habrían recibido más rechiflas y recordatorios maternales que Cartens en partido de beisbol. Tal como están las cosas, con el aumento a las tarifas eléctricas, los constantes apagones y variaciones de voltaje que joden los aparatos eléctricos, y la ineficiancia probada de los trabajadores que para cambiar un foco se desplazan quince elementos en tres vehículos, el respetable habría tomado piuedras en lugar de jitomates para forzar las negociaciones.
Este cálculo político tiene razones de pesos (no de peso). Además de ser uno de los gremios mejor remunerados, cuentan con otras prebendas sindicales y "de costumbre" como no pagar su consumo de luz y poder colocar diablitos a toda la familia extensa, incluyendo la mamá de la novia además de la suegra legal.
Con respecto a la jubilación, en un estudio que cito a continuación, formulado hace unos pocos años, salta a la vista la diferencia en el subsidio público otorgado a distintos grupos poblacionales y de trabajadores que evidencian la inequidad existente en el rubro. Tomando como base las pensiones en curso del IMSS bajo el antiguo régimen (100%), la cantidad orientada a Luz y Fuerza del Centro en 2003 era hasta un 834% superior a la del IMSS, ya no se diga a los 175 pesos mensuales otorgados como pensión alimenticia a los habitantes más pobres de las zonas rurales. Aunque haya variado un poco, la tendencia sigue.
Y como decía Tin Tán en alguna de sus películas: "Yo no critico, nomás digo". He aquí un fragmento del citado estudio:
Además de la desigualdad vertical en la cobertura de la seguridad social, al interior de la población asegurada existe un alto grado de desigualdad horizontal entre los distintos sistemas. Los sistemas de pensiones en México absorben actualmente subsidios públicos por un monto del orden de 1.5 por ciento del PIB. Una décima parte de estos recursos corresponde a la contribución gubernamental al sistema de pensiones del IMSS bajo el régimen reformado (cuota social). El resto se divide en partes similares entre las pensiones del IMSS en curso de pago bajo el viejo régimen, cuyas obligaciones absorbe en su totalidad el gobierno federal, y los déficit de los principales sistemas de pensiones de los trabajadores del sector público (ISSSTE y paraestatales), aún por reformar. El primero de estos componentes representa un gasto transitorio y acotado, aunque con montos anuales crecientes en el mediano plazo. El segundo, en cambio, implica una dinámica de crecimiento explosivo, fiscalmente insostenible aún en el mediano plazo.
Si los comparamos con los pensionados del sector privado derechohabientes del IMSS, los subsidios mensuales por pensionado son 1.6 veces mayores para los derechohabientes del ISSSTE, y entre 4 y 8 veces mayores en el caso de las paraestatales (Cuadro 1). Las tres paraestatales consideradas aquí representan 8 por ciento de los pensionados, pero absorben casi un tercio de los subsidios. Estos contrastes son aún más sorprendentes si tomamos en cuenta que estamos comparando los costos de transición de un sistema reformado, donde las pensiones en curso de pago son financiadas en su totalidad por el gobierno, con sistemas aún sin reformar, donde el gobierno absorbe el costo de las pensiones neto de las contribuciones de los trabajadores en activo.
Como en el caso del antiguo régimen del IMSS, estos déficits responden en parte a cambios demográficos, errores de diseño, y fallas administrativas. También se explican las diferencias en parte por los salarios mayores de los trabajadores públicos. Sin embargo, es evidente que los órdenes de magnitud de las diferencias entre los pensionados del sector privado y público refleja además condiciones laborales privilegiadas negociadas en el contexto de una relación orgánica entre los sindicatos públicos y el antiguo régimen corporativo. Mientras los trabajadores del sector privado derechohabientes del IMSS se retiran a los 65 años con tasas de reemplazo medias esperadas, en el nuevo régimen, del orden de 50 por ciento, los trabajadores del sector público se pensionan, en general, diez años antes y con tasas de reemplazo cercanas al 100 por ciento, y aún superiores en las paraestatales. En el caso particular de los trabajadores contratados por el IMSS, como patrón, para servir a sus derechohabientes, estos se retiran en promedio a los 53 años (sin edad mínima) con una tasa de reemplazo media de 130 por ciento—generando una carga financiera que pone en riesgo la viabilidad de los servicios de salud del instituto IMSS (2005).
Para apreciar el espectro completo de apoyos públicos por concepto de pensiones, el Cuadro 1 reporta también tres programas recientes de pensiones mínimas para adultos mayores no asegurados. El único programa federal de este tipo que se implementa actualmente en México— Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales—surgió en 2003 como una concesión a las demandas campesinas que llevaron al Acuerdo Nacional para el Campo. Un programa un poco más ambicioso ha sido presupuestado para iniciar en 2006, como un nuevo componente del programa Oportunidades. El primero de estos programas ofrece una pensión equivalente a 50 centavos de dólar diarios, el segundo a 75 centavos diarios, equivalente a 25 por ciento y 37 por ciento de la línea de pobreza alimentaria, respectivamente, y entre 1 por ciento y 2 por ciento del subsidio por pensionado en las empresas paraestatales. Incluimos también el programa de pensión universal que implementa el gobierno de la Ciudad de México, con una pensión de dos dólares diarios, aproximadamente equivalente a la línea de pobreza alimentaria.
Fuente: Scott, John. SEGURIDAD SOCIAL Y DESIGUALDAD EN MÉXICO:DE LA POLARIZACIÓN A LA UNIVERSALIDAD. Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. BIENESTAR Y POLITICA SOCIAL. VOL 1, NÚM. 1, pág. 59-82
Martín Guerrero
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