Los fumadores que sí tienen el verdadero poder de su firma están de plácemes. Aquí, doña Chacuaca celebra su cuadragésimo segundo cumpleaños de vida con un pitillo fumable. Está organizando un guateque para agradecer a Tomás Pliego, Enrique Pérez Correa, Carla Sánchez Armas y otros su apoyo a las tabacaleras.
La razón de tal festejo es el proyecto de reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que la Secretaría de Salud (Ssa) difundió por medio de la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (Cofemer): durante los próximos 30 días la comisión recibirá los comentarios y opiniones de la ciudadanía para luego enviarlos a la Ssa, y después de que se hayan realizado las adecuaciones con base en la ley, procederá su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco podrán tener áreas exclusivas para fumar, pero no se podrá servir alimentos o bebidas ni ofrecer cualquier otro servicio, tampoco acondicionarse como lugar de recreación, no tendrá que ser menor a 20 metros cuadrados o, en su caso, ocupar un máximo de 30 por ciento de la superficie del local.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada al juicio de acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que buscan anular la llamada ley antitabaco local, la cual garantiza que los espacios públicos cerrados sean ciento por ciento libres de humo de cigarro. Los 23 asambleístas que impugnan la norma local consideran que va más allá de lo que estipula la Ley General para el Control del Tabaco, expedida por el Congreso de la Unión, que entró en vigor el 28 de agosto pasado.
Lo que parecía un triunfo de la concepción socialdemócrata –presente en muchas de las principales capitales del mundo-se convierte hoy en un nuevo retroceso político, y de salud. También los socialdemócratas mandan al diablo sus propias leyes e instituciones.
Martín Guerrero
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