El Estado chueco y la izquierda armada

La ilegalidad se combate con la ilegalidad. Así ha sido la postura del Estado mexicano en su combate contra la oposición armada y no armada, pero que conduce a una sola conclusión: las luchas sociales son criminalizadas con mayor rigor que los delitos del crimen organizado.
La desaparición de los dos integrantes del EPR es un ejemplo de ello. Las condenas a los dirigentes de Atenco -Ignacio Valle, principalmente- son otra muestra. Y más reciente, el aumento a las penas por Rebelión (de cinco años) y Daño en Propiedad Ajena (de tres meses), a once años siete meses, y dos años siete meses, respectivamente, impuestos a Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas (ambos del ERPI), a quienes se les juzgó dos veces por los mismos delitos, ya que se modificó una pena que ya estaba compurgada desde el 22 de octubre de 2004. Ellos fueron detenidos el 19 y 22 de octubre de 1999 en un operativo contrainsurgente, aparentemente por la delación de un infiltrado.
La apuesta ahora es tornar visibles los procesos en los que están involucrados diversos opositores, armados o no, para impedir las irregularidades e ilegalidades cometidas por los jueces y juzgados, por impedir que el Estado mismo continúe haciendo a un lado el estado de derecho cuando se trata de este tipo de delitos políticos.*
Carlos Montemayor, en sus colaboraciones más recientes en La Jornada, ha realizado una aportación histórica sobre la violencia del estado en México, en el siglo XX y lo que va del presente. No tiene pierde.

* (La información sobre este proceso la proporciona Alejandro Jiménez en su blog de El Universal en línea).

García+