Ayer, el GDF publicó en su Gaceta Oficial la Declaratoria de necesidad para el otorgamiento de concesión de los Centros de Transferencia Modal (Cetram), mejor conocidos como “paraderos”, declarándolos como “áreas con potencial comercial (APC)”, para usos públicos y privados y “áreas de transferencia modal (ATM)” para maniobras de vehículos, ascenso y descenso de usuarios de transporte público.
De acuerdo a nota de La Jornada (6 de noviembre), “La participación del gobierno de la ciudad en la concesión es mediante la aportación de los derechos sobre bienes inmuebles de dominio público o privado por medio de alguna de las figuras que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa al reformar la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, como la construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de prestación de servicios a largo plazo.”
Lo anterior porque a pesar de los recursos invertidos el gobierno de la ciudad no ha podido mejorar las condiciones de operación y revertir el deterioro en el que se encuentran, así como lograr un mejor control del comercio informal. Esa es la rezón oficial por la que se concesionan la operación, administración y explotación de la infraestructura de los Cetram de El Rosario, Martín Carrera, Zaragoza y Politécnico, respectivamente, a los empresarios Carlos Slim, José Chedraui, David Segur y Moisés Saba, quienes invertirán en conjunto más de 340 millones de dólares en las obras de rehabilitación y modernización (para la felicidad de los habitantes de esta capital).
El gobierno de la ciudad tampoco ha podido intervenir en el control de las rutas de microbuses, como quedó constatado con el microbús de la ruta 27 que se accidentó la semana pasada causando 2 muertos y varios heridos. Dicho microbús operaba de manera irregular desde 1996, y apenas este año (ya convertido en chatarra) fue “inscrito” ante Setravi para que se le regularizara. En esos doce años de trabajo clandestino ninguna autoridad lo vio circular, ni Quintero ni los anteriores titulares de tal dependencia. Y no es el único caso.
Por su parte, la banca de desarrollo, esta vez por medio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), otorgó a Vitro 100 millones de dólares a través de un fideicomiso respaldado con “activos no productivos en bienes inmuebles” de este corporativo. Tales bienes son un terrenito en Tlalnepantla y sus oficinas corporativas de San Pedro Garza García (no se sabe si con todo y directivos y sus sillones de piel).
Los bienes en cuestión –como la taza de la foto- podrán ser readquiridos por la empresa si ésta retribuye el dinero al final de un plazo de tres años, que concluye en noviembre de 2011. Si no es así, quizá los pongan a remate y cualquiera podría adquirir un sillón de esos como a cincuenta pesos por unidad (con todo y ejecutivo).
Eso sí es felicidad.
Martín Guerrero
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