miércoles, 15 de octubre de 2008

Buen "deslicitador" será

El nuevo plan federal para impulsar el crecimiento y el empleo se basa en un mayor gasto público en infraestructura. Dos medidas básicas permitirán que a partir de enero se ejerza el presupuesto en forma rápida: se eliminará la necesidad de que los proyectos ejecutivos tengan que ser licitados y se podrán asignar en forma directa; se elimina también la restricción de que las empresas que elaboran los proyectos ejecutivos no podrían participar en las licitaciones.
Algo semejante hará el GDF ya que decidirá entre Grupo Carso, de Carlos Slim; Cemex, de Lorenzo Zambrano, y DEN Constructora a la empresa encargada de construir el primer corredor cero emisiones en Eje Central, con un esquema de Pago por Prestación de Servicios (PPS), luego de declararse desierta la licitación emitida por lo que procedió a una invitación restringida (que se volverá adjudicación directa). El costo de este proyecto es de 700 millones de pesos.


Es probable que la construcción del tranvía del centro histórico, luego de que aparezca la convocatoria, también sea declarado desierto para adjudicarlo de manera directa. Ya son 22 empresas nacionales y extranjeras las que se disputan la construcción del tranvía de la ciudad de México, que correrá del Centro Histórico (Pino Suárez) a Buenavista. Su costo estimado es de mil 800 millones de dólares y se hará mediante un nuevo Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), con un plazo de 25 años.
Lo cierto es que este período de crisis es fecundo en propuestas para disminuir controles y flexibilizar trámites. Al menos eso indica la postura del oficial mayor del GDF, Ramón Montaño Cuadra, quien consideró necesario modificar la Ley de Austeridad para esta capital, pues –dice- está “retrasando” y “atorando” la operación y efectividad de los programas puestos en marcha por la administración actual. La Ley de Austeridad bien podría modificarse o derogarse para hacer eficiente la administración pública del Distrito Federal, pues para cumplir los compromisos “necesitamos toda una serie de trámites ante la Contraloría, y eso retrasa de manera muy grande los programas”, dijo Montaño.

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