Según nota de La Jornada (11 de octubre), la Secretaría de Gobernación afirmó que “El gobierno federal utilizará toda la fuerza del Estado para desalojar las vías de comunicación bloqueadas durante el conflicto magisterial en Morelos y no negociará la ley con aquellos que sean detenidos en calidad de presuntos responsables de ese tipo de acciones.”
Las recientes incursiones de la PFP e incluso de las fuerzas armadas en los poblados cuyos habitantes han realizado bloqueos a carreteras dan una idea aproximada de ello. La mano dura aplicada en contra de población civil, con el objetivo de “recuperar” las zonas ocupadas y barrer los bloqueos, incluyeron detenciones arbitrarias y cateos domiciliarios ilegales, cercos y en la práctica la anulación de los derechos individuales de los habitantes de los pueblos “capturados”.
Es grave, muy
grave, porque asistimos a un modelo de acción que podría extenderse a otras regiones dado que ofrece resultados exitosos en lo inmediato, pero perjudiciales para la sociedad y el Estado a largo plazo. El uso de las fuerzas armadas para imponer el orden sólo acrecienta el autoritarismo y la frustración social. Si son criticables las medidas de presión que los maestros han tomado y que afectan a terceros, lo es más aún suponer que los civiles soportarán –dondequiera que se presente- la violencia institucional y militar. ¿Quiénes ganan con eso? ¿La “fuerza del Estado” (sin duda quien debiera tener el monopolio de la violencia, no el narco) incluirá más muertos y detenidos que los que genera la delincuencia, a eso vamos?
Las recientes incursiones de la PFP e incluso de las fuerzas armadas en los poblados cuyos habitantes han realizado bloqueos a carreteras dan una idea aproximada de ello. La mano dura aplicada en contra de población civil, con el objetivo de “recuperar” las zonas ocupadas y barrer los bloqueos, incluyeron detenciones arbitrarias y cateos domiciliarios ilegales, cercos y en la práctica la anulación de los derechos individuales de los habitantes de los pueblos “capturados”.
Es grave, muy
grave, porque asistimos a un modelo de acción que podría extenderse a otras regiones dado que ofrece resultados exitosos en lo inmediato, pero perjudiciales para la sociedad y el Estado a largo plazo. El uso de las fuerzas armadas para imponer el orden sólo acrecienta el autoritarismo y la frustración social. Si son criticables las medidas de presión que los maestros han tomado y que afectan a terceros, lo es más aún suponer que los civiles soportarán –dondequiera que se presente- la violencia institucional y militar. ¿Quiénes ganan con eso? ¿La “fuerza del Estado” (sin duda quien debiera tener el monopolio de la violencia, no el narco) incluirá más muertos y detenidos que los que genera la delincuencia, a eso vamos? 
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