Sus nombres:
Fernando Martí, 14 años.
Abraham Sinta Temish, 14 años.
Ángel Uriel Herrera García, 13 años.
El primero es el más conocido, secuestrado y asesinado, hijo de un empresario exitoso. El segundo, prácticamente desconocido, era indígena de Xotapan, San Andrés Tuxtla, Veracruz, y había llegado a la capital de país para trabajar como albañil o en lo que pudiera emplearse; fue asesinado junto con otros 23 trabajadores cerca del Parque Nacional de La Marquesa. El tercero era estudiante de secundaria y hoy está muerto; fue una de las más de cien víctimas del las granadas arrojadas en Morelia la noche del 15 de septiembre.
Niños los tres, adolescentes, tienen en común haber sido asesinados por la delincuencia ubicua conocida como “narco”. Son víctimas también de la incapacidad del Estado de proteger a los ciudadanos, de la impotencia de muchas instituciones y la complicidad –directa o por omisión- de supuestos servidores públicos que hoy continúan en sus cargos realizando sus mismas inútiles rutinas.
Muchos otros infantes son asesinados por el narco, pero un mayor número son victimizados día con día por sus propios padres, lo que aumenta la intensidad del círculo de violencia que vivimos en esta sociedad.
Sin embargo, a esa tragedia debemos sumarle otra que no tendría los niveles que exhibe si no estuviera protegida por sujetos insertos en los tres poderes de la Unión y en sus tres niveles. Me refiero (Lydia Cacho y otros lo han documentado de modo fehaciente) a la explotación sexual a la que son sometidos día con día —¡diariamente, las-veinticuatro-horas-del-día-de-todos-los-días!— más de cien mil menores de edad en toda la geografía del país. En 21 de las 32 entidades existe turismo sexual, en todas hay agresiones y comercio sexual en contra de los niños.
¿Cuántas son 100,000 personas? (¿Los niños siguen siendo personas?). Esa cantidad de gente cabe en el Zócalo en cualquier día de manifestaciones; con esa cantidad llenamos, cómodamente sentados, una y media veces el estadio de CU; son cien veces mil boletas electorales que no serán cruzadas si esos niños llegan a cumplir dieciocho, porque cómo ejerce un derecho quien no tiene ninguno; son muchas escuelas vacías, juguetes sin usar, esperanzas rotas. O mejor veámoslo así: es menos gasto en comida, salud, educación, ropa y demás necesidades; es un enorme ahorro en investigaciones policiacas, papeleo jurídico, manutención de criminales, emisión y seguimiento de leyes; es un rescate de escándalos políticos, negociaciones, acuerdos, concertaciones y tráfico de influencias.
Es, simplemente, un negocio, un enorme negocio.
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