o.Becerra cita un informe de 2007, preparado por el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo a petición de la Secretaría de la Función Pública, cuyo título —El sistema federal de contratación pública: retos y oportunidades— hace más referencia a los primeros que a las segundas. Y es que se trata de un diagnóstico (del cual no he podido obtener copia) que no sólo parece desalentador sino francamente pesimista, sobre todo ahora que parece habérsenos caído el cielo encima. Trascribo el resumen que Ricardo Becerra hace de dicho documento, el cual “advierte de las patologías que carcomen las capacidades del sector público para desarrollar el ambicioso proyecto de obra pública”:
1) rigidez extrema del marco jurídico;
2) dispersión normativa para la regulación de las licitaciones;
3) falta de coordinación intergubernamental para alinear el conjunto de contrataciones a los objetivos maestros de gobierno;
4) ausencia de cuadros especializados en contrataciones;
5) segmentación y falta de información del gobierno en relación con los proveedores nacionales e internacionales;
6) desactualización y subutilización de las tecnologías de la información (en 2006, sólo el 42% de las licitaciones cursó por Compranet);
7) excesivo formalismo en las revisiones del proceso de contratación, más que búsqueda de alternativas y soluciones;
8) fuertes deficiencias en la planeación de las contrataciones;
9) debilidad y desinterés de la sociedad civil en el seguimiento de los procesos de contrataciones;
10) dispersión administrativa de las unidades responsables de las contrataciones (350 instituciones federales realizan contrataciones a través de 6 mil unidades, cada una tiene su propia reglamentación y unidad de contratación);
11) lentitud de la SFP, en la emisión de los lineamientos de gasto, conforme al PEF, especialmente en lo que toca al gasto en los estados (típicamente, los publica en junio, lo que deja sólo 5 meses para ejercer el gasto de un año);
12) visión burocrática de la contratación; es vista como un trabajo contable y administrativo, no como palanca político-estratégica de desarrollo;
13) precipitación de los procesos de licitación en detrimento del cuidado, rigor y transparencia;
14) mala práctica: el rechazo de ofertas en el momento de la apertura de las propuestas;
15) dispersión, incoherencia y contradicción en los documentos de licitación. Existen cientos de formatos y requisitos distintos que provocan que las buenas empresas se segmenten y se abstengan de concursar en otros proyectos para las que son capaces;
16) inexistencia de un registro histórico de proveedores y contratistas;
17) inexistencia de un censo de funcionarios especializados en contrataciones.
Típico nudo del subdesarrollo: no es que no haya plan, no es que no haya recursos suficientes, no es que no haya “voluntad política”, es que los embrollos ejecutivos, administrativos, contables y burocráticos, acaban asfixiando los proyectos fundamentales. Uno de mis clásicos lo sabía desde hace mucho tiempo: “...subdesarrollo no significa no tener recursos, significa no poder encauzar y poner en movimiento los que se tienen” (Celso Furtado, Dialéctica del desarrollo, FCE, 1965).
La realidad es un poco más compleja de lo que parece, y los partidos políticos ya deberían estar trabajando en propuestas que rompan estos nudos gordianos. A menos, claro está, que sólo piensen que los malvados del gobierno quieren ver a los muertos de hambre muertos simplemente.
* (Ricardo Becerra, “Queremos ser contracíclicos, pero ¿podemos?”, I y II, Crónica, 7 y 14 de julio, respectivamente).
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